viernes, 26 de junio de 2015

Cruz Roja, la ONCE y Cáritas española: las tres señoras

El pasado día 8 de junio el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto de 2013 que regulaba las subvenciones desde la administración del Estado a las entidades sociales (al Tercer Sector Social), correspondientes a la casilla de "otros fines de interés social" que los ciudadanos marcamos voluntariamente en nuestra Declaración de renta.
La sentencia se basa, como en las ... ¡13 sentencias anteriores! de ese mismo Tribunal y del Constitucional en veinte años, en el hecho de que el Estado no es competente en el desarrollo de políticas sociales, cuyas competencias exclusivas corresponden a las Comunidades Autónomas como señala el propio texto constitucional.

Dicho en plata: el 0,7% de cada ciudadano que quiera marcar la casilla debe recaudarlo la Comunidad Autónoma y repartirlo ésta, íntegramente ¿Por qué, pues, el Estado desoye repetidamente los altos tribunales y se pasa por el forro sentencias y más sentencias, cambia reglamentos, modifica bases de convocatorias y lo que haga falta para seguir repartiendo 220 millones de euros -en 2014- a las entidades sociales que considera?.
A mi juicio, por tres razones fundamentales y que conviene repetir, aunque desde Cataluña se ha hecho hasta la saciedad desde 2007 en estudios, demandas, recursos y peticiones, porque en su caso se recogieron 54,4 M€ y retornaron 30,8 millones, cifra que no se corresponde ni tan sólo con la cifra promedio de retorno por habitante, lo que conlleva un agravio comparativo, reiterado en el tiempo, difícil de explicar ya que premia a lñas Comunidades donde menos ciudadanos marcan la casilla del 0,7%.

Primera razón: el Estado autonómico está en quiebra desde su inicio (la LOAPA), y el alma castellana del Estado no se lo ha creído nunca, lo ha respetado poco y lo valora en cero. La diversidad es un incordio, y no me extiendo en el argumento.

Segunda razón: porque las grandes organizaciones sociales, centralistas y burocratizadas, y muy especialmente "las tres señoras", a través de su brazo armado (la Plataforma de Acción Social, donde tienen entre las tres un tercio de los votos y muchísima influencia sobre la mayoría de pequeñas ONG) ha medrado desde el primer momento por centralizar las ayudas, procurar que éstas fueran mayoritariamente a entidades "nacionales" (aunque tener sede en Madrid ya se considera nacional, el resto no) y liderar la interlocución con los gobiernos estatales al tiempo que sus aparatos "centrales" controlan al interno sus delegaciones y secciones autonómicas o episcopales.

Tercera razón: bajo el argumento de la igualdad de oportunidades entre los habitantes en riesgo de exclusión de cualquier lugar de España se perpetra una distribución discrecional de fondos que facilita el control de entidades, la priorización de los ámbitos de trabajo de las organizaciones sociales y se asegura la continuidad estructural de las grandes organizaciones, las que reciben más subvenciones año tras año. Es una razón que no soporta ni un débil estudio comparativo, pero sirve perfectamente para rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de que "haya 17 Españas distintas en derechos" y dar por bueno el "derecho a una sola España, que es la que yo quiero".

Urge, por salud democrática, que en esta ocasión (a la 14 va la vencida) el Estado cumpla la sentencia y transfiera, mañana mismo, los fondos a los gobiernos autonómicos. ¿O es que el Tribunal Constitucional y el Supremo sólo obliga a unos y no a todos?.

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